La iniciativa, propuesta por los diputados Carmen
Ligia Barceló, Rogelio Alfonso Genao y Félix Hiciano, moderniza un régimen
jurídico vigente desde 1804, heredado del Código Civil francés, y establece una
“Declaración de Ausencia Especial” que permitirá a los familiares iniciar
procesos legales en 120 días en casos ordinarios y en apenas 45 días en
situaciones de desastres o catástrofes.
“Este proyecto no es solo una necesidad técnica, es
un acto de profunda humanidad. No podemos permitir que el Estado sea un
obstáculo adicional para quienes viven la incertidumbre de no saber dónde está
un ser querido. Con esta ley, buscamos que el sistema proteja, no que
castigue”, expresó la legisladora Barceló.
La propuesta introduce un sistema de respuesta
temprana que rompe con la lógica actual de largos períodos de espera,
permitiendo que las familias accedan de manera oportuna a bienes, cuentas
bancarias y recursos acumulados por la persona desaparecida, evitando así su
deterioro económico en medio de la crisis.
Como parte de este enfoque, el proyecto faculta al
Ministerio Público a actuar de oficio en aquellos casos donde los familiares se
encuentren en estado de indefensión, asegurando que el patrimonio del ausente
no quede en abandono ni expuesto a riesgos legales o financieros.
Uno de los pilares de la iniciativa es la creación
de un esquema de liberación escalonada de fondos, diseñado para garantizar el
sustento familiar sin comprometer la integridad del patrimonio. Este mecanismo
contempla un primer desembolso del 30% tras la Declaración de Ausencia, un 40%
adicional al emitirse la presunción de fallecimiento y un 30% final como
reserva de garantía, luego de un período de vigilancia patrimonial de cinco
años.
El proyecto también establece medidas estrictas
para garantizar el cumplimiento por parte de instituciones financieras y otras
entidades obligadas. En ese sentido, se contemplan sanciones económicas
significativas para quienes retrasen la entrega de información o la liberación
de recursos necesarios para la subsistencia de las familias.
En el ámbito de la protección social, la pieza
dispone que, en caso de empleados públicos desaparecidos, se active
automáticamente una pensión provisional equivalente al 100% de su salario, así
como la continuidad del Seguro Familiar de Salud para sus dependientes.
Asimismo, se garantiza que los hijos de la persona
desaparecida mantengan su acceso a la educación, evitando que la ausencia del
progenitor se convierta en una barrera administrativa para su permanencia en
centros educativos.
El proyecto define como dependientes a aquellos
familiares que dependían económicamente del ausente, incluyendo al cónyuge o
pareja en unión libre, hijos menores de edad —o hasta los 21 años si se
encuentran estudiando— y personas con discapacidad, asegurando así una
cobertura integral en condiciones de vulnerabilidad.
En materia de identidad, la iniciativa introduce la
posibilidad de establecer filiación mediante pruebas de ADN indirectas,
permitiendo que hijos no reconocidos puedan acceder a su derecho a la identidad
a través de familiares de primer grado. En caso de negativa injustificada a
someterse a estas pruebas, la ley contempla la presunción legal de filiación.
La propuesta también incorpora criterios de
seguridad jurídica ante una eventual reaparición de la persona desaparecida. En
estos casos, se prioriza la estabilidad de las nuevas estructuras familiares,
estableciendo que el estado civil del ausente será considerado como divorciado,
respetando la validez de los vínculos legales contraídos durante su ausencia.
La Declaración de Ausencia Especial surtirá efectos
inmediatos ante la Tesorería de la Seguridad Social y las Administradoras de
Riesgos de Salud, prohibiendo la suspensión de la cobertura médica de los
dependientes y garantizando la continuidad de sus derechos básicos.
“Garantizar que los hijos no pierdan su seguro
médico ni su acceso a la educación mientras continúa la búsqueda de su
progenitor es una prioridad irrenunciable. El Estado debe ser el primer soporte
de estas familias”, enfatizó Barceló.
Esta iniciativa se fundamenta en los artículos 55 y
69 de la Constitución dominicana, relativos a la protección integral de la
familia y al derecho a una justicia efectiva, y se inscribe en una agenda
orientada a fortalecer la seguridad jurídica, la protección social y la
capacidad de respuesta del Estado ante situaciones de alta vulnerabilidad.
Con este proyecto, los diputados impulsan una
transformación estructural que traslada la respuesta institucional desde la
espera y la incertidumbre hacia la acción oportuna y la protección efectiva,
colocando a las familias en el centro de la política pública.
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